11/06/2023

Protagonistas

Persecución a abogados de Nicaragua en primera persona: “Vinieron a buscarme y amenazaron a mis vecinos”


Hace un mes el régimen Ortega anuló los títulos de abogados opositores que ya habían sido desterrados del país. Asimismo le revocó los títulos de 26 abogados opositores, a quienes ya había despojado de sus nacionalidades





Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, sigue arremetiendo con las libertades y los Derechos Humanos en su país. Desde el destierro de 222 presos políticos, la censura a la iglesia, ha llegado incluso a atentar contra los abogados. A tal punto que todo representante de la ley que defienda las libertades civiles, ante el yugo dictador de su gobierno, se vio afectado tras la remoción se sus títulos.





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Los abogados afectados por la medida ya han sido víctimas de otra disposición reciente de Ortega, por la cual los despojó de su ciudadanía tres meses antes. Mientras tanto, el resto forma parte de los cerca de 100 exiliados que también fueron declarados apátridas en febrero y les expropiaron sus propiedades en el país.





A varios abogados les han arrebatado sus títulos.




La CSJ explicó en un comunicado que estas personas “no pueden ostentar el título ni ejercer la profesión de abogado y notario público” ya que “perdieron el derecho de ejercer dicha profesión en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”.





La ciudadanía sin respaldo legal





“Lamentablemente he recibió una notificación, de manera particular, que me solicitaba entregar mis títulos como abogada y la sanción de no poder ejercer de por vida”, explicó a Diario Latina, Yonarqui García, Abogada defensora de DDHH, asimismo, ante  la incertidumbre de dicha sanción injustificada, esta  defensora de la ley se vio impresionada.





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“Yo me preguntaba por qué razón se había el tribunal había adoptado esa decisión. Si este no se me ha sancionado nunca antes, porque en nuestra norma, cuando te sancionan por primera vez, te dan un tiempo estimado y a medida que va incurriendo cosas negativas ellos van poniéndote advertencias más grave”, explicó y señaló: “Fue mi primer caso que se me dio, por lo que era un sanción definitiva, sin tener antes un llamado de atención”.





Persecución a profesionales de la ley.




Esta sanción improvisada e injustificada tomo por sorpresa a García,  dado que ella era una abogada muy activa, que trabajaba en sala, defendiendo presos políticos  y siendo representante legal de las víctimas. En ese marco, al cabo de unos días muchos de sus colegas, incluyéndola a ella, fueron notificados. “Dos días después de mí notificación se da  la suspensión definitiva de 25 abogados más, pero la diferencia es que ellos no están ejerciendo en el país, estas personas no que litigaban y hacía meses se les había privado de su nacionalidad”, expresó.





Por su parte, esta abogada argumentó que se le solicitó entregar mis títulos, una acción estipulada en un lapso de 24 horas y en caso de negarse recibiría una sanción. “Yo no los entregué, puesto que de antes de que recibir la sanción ya la policía andaba buscando y era lógico, que lo que ellos querían era detenerme”, explicó.





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Amenazas a los representantes y su persecución





Según argumentó: “Tuve que pasar un peso académico en la Universidad, porque pasé por cinco años y la Corte no puede decidir sobre mis estudios de educación superior, ellos pueden sancionar mi ejercicio, pero no quitarme lo que a mí me costó tanto”, estableció con indignación.





Roger Reyes fue una de las primeras voces que repudió la medida.




Asimismo, la tensión en su caso no se detuvo allí, dado que comenzó una persecución en su contra, la cual poco y nada, tenían que ver con la resolución establecida. “Me han estado buscando con la policía, esto no tiene nada que ver con la resolución, dado que en ningún lado notificaron que iban a detenerme, pero ellos inclusive buscaban a mi vecinos y los amenazaron, buscaron amigos y los amenazaban, porque donde vinieron buscarme en diferentes lugares”, explicó con preocupación.





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Por otro lado, estableció que este decreto empezó a regir incluso antes de haber sido establecido, con lo cual las medidas establecidas por el ejecutivo de Nicaragua son medidas que arrebatan los derechos. “Antes de haber notificado la resolución, ya estaban haciendo actuaciones de hecho, pero ya estaban buscando cómo detenerme que no lo lograron; eso no quiere decir que eso no haya sido ilegal, porque igual el hecho de haber llegado donde los vecinos y haberlos  amenazado porque es algo muy importante”, argumentó.





Situación compleja para los abogados





“El día 3 de mayo, en Nicaragua, comencé a alta hora de la noche  a denunciar que se estaban empezando realizar detenciones arbitrarias a alta horas de la noche en diferentes departamentos, logré mostrar las irregularidades que han ocurrido en el  Poder Judicial”, manifestó y expulsó: “Logré sacar captura de los las audiencias públicas y cuatro denuncia de muy alto nivel y eso me agarró las primeras amenazas y posteriormente la sanción cinco días después”.





Defensores de Derechos Humanos, perseguido por el régimen Ortega.




Cabe señalar que, el nivel de censura que se maneja es bastante masivo  y se ha establecido en todos los niveles del país. La medida comenzó desde la ciudadanía, privando a la gente de ciertas acciones que podían meterlos a la cárcel, luego atentaron y censuraron a los periodistas, siguieron por los médicos, luego los sacerdotes y  ahora a los defensores de derechos humanos.





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“Ahora no hay ningún ciudadano en Nicaragua que no haya sido víctima de censura o de crimen de tortura, porque si no es tortura física, es psicológica; donde pasa a tener un aparato represor en tu casa con  50  o 60 oficiales  buscándote por todos lados y   amenazando a familiares”, comentó García y concluyó: “Buscan crear miedo de crear pánico de mantener a la población amenazada, para que ellos puedan gobernar y sigan haciendo lo que hacen”.






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